El primer amparo indirecto con folio 293/2020 en contra del pago de impuestos en el contexto de la emergencia sanitaria, se otorgó el 3 de abril en San Luis Potosí. Fue concedida a Cano Soto y Asociados.
La empresa pide la protección de la justicia contra los actos del presidente Andrés Manuel López Obrador y demás autoridades como el SAT, de Raquel Buenrostro, por omisión frente a la pandemia del Covid-19.
Se puntualiza que no se respeta y ni acata el contenido del Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de emitir resoluciones de carácter general relacionadas con acciones de alivio.
Explícitamente, condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado.
Asimismo cuando se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productor, o la realización de una actividad en casos de catástrofe por fenómenos meteorológicos, placas o epidemias.
La demanda advierte que se actualiza la hipótesis de los actos prohibidos en el Artículo 22 Constitucional, que permite otorgar la suspensión de oficio, a la luz del numeral 15 de la Ley de Amparo.
El recurso hace referencia a la pandemia que actualmente afecta a la empresa, lo que pone en riesgo el empleo de los trabajadores que ahí laboran, lo que implica falta de acceso a otros derechos fundamentales.
Dado que el presidente López Obrador ha reiterado en más de una ocasión que no habrá facilidades del SAT para pagar impuestos, los pequeños y medianos empresarios empezaron a buscar ampararse.
El Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar, la Concamin de Francisco Cervantes y la Coparmex de Gustavo de Hoyos, no pudieron convencer a López obrador de diferir los pagos.
“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nos cerró todas las puertas, declaró ayer Salazar tras anunciar un programa civil de ayuda mutua entre particulares para salvar empleos.
Pero dicho plan, que busca evitar una caída hasta el 10% del PIB y la desaparición de hasta un millón 400 mil empleos, no llegará muy lejos teniendo al SAT como espada de Damocles.
Se ve venir la que pudiera ser la madre de todas las batallas en materia constitucional. Y es que ayer mismo la Secretaría de Hacienda, que comanda Arturo Herrera, salió de este contraataque.
La Procuraduría Fiscal, de Carlos Romero, se alista a tajar éste y otros recursos. De entrada, asegura que dicha suspensión es ilegal porque no se ubica en ninguno de los supuestos de la Ley de Amparo.
Fuente: El Financiero. Fecha 08 de abril 2020
